Paulina González Tello
Coordinadora de Vocación Social UCN
Sabemos que la pandemia trajo duras consecuencias. Así lo manifiestan los últimos resultados de la CASEN: la tasa de pobreza a nivel país alcanza un 10,8%; con un 4,26% en pobreza extrema. Para el caso de la población migrante, las cifras son preocupantes. El año 2017 se contabilizó un 10,8% de ese segmento en pobreza, mientras que para 2020 alcanzó el 17%, un aumento que puede estar vinculado a la ola migratoria que hemos presenciado este último tiempo, considerando las condiciones en las que llegan y en las que aún muchos se encuentran en el país.
La pandemia de coronavirus ha profundizado los problemas estructurales de desigualdad que como región latinoamericana venimos arrastrando por mucho tiempo, dejando de manifiesto los nudos críticos en salud, educación, empleo y cuidados, entre otros. En el caso de Chile, se debe considerar que, en cuanto a la adquisición de vacunas y su proceso, se realizó una mejor acción, constituyéndose en referente en cuanto a gestión y coordinación.
El último informe publicado por la CEPAL precisa que, del 8,4% de la población mundial que corresponde al conjunto de América Latina y el Caribe, se contabilizó un 27,8% de muertes por COVID-19 a nivel mundial. La misma entidad advierte que entre el año 2014 y 2019 hubo un aumento en la pobreza y en la pobreza extrema, registrando el 2014 un 27,8 de pobreza y el 2019 un 30,5% de pobreza; cifras que se acrecentaron en pobreza extrema, desde el 7,8% en 2014 al 11,3% en el año 2019.
Volviendo a la CASEN, en la región de Antofagasta la incidencia de la pobreza presentó un incremento desde 5,1% en 2017 a un 9,3 % el 2020. Son cifras que vienen a constatar el desastre que ha dejado esta pandemia y de la que, seguramente, nos costará levantarnos o, al menos, tendremos que destinar mayor tiempo, recursos y voluntades para recuperarnos y hacer las mejoras estructurales tan demandadas por la ciudadanía y que hoy nos ponen al desnudo. En este sentido, esperamos todos y todas los constituyentes elegidos redacten una Constitución representativa que apunte hacia un país con mayor igualdad y justicia social.
Las Naciones Unidas (ONU) han definido la pobreza extrema como “el estado más grave de la pobreza. El término es utilizado para designar a una persona que no puede satisfacer sus necesidades más básicas”.
Al respecto, el Hogar de Cristo, cuya trayectoria en estos temas no se puede discutir, cuenta con programas que van en apoyo de las personas que se encuentran en esta condición, y al año 2020 atendió a 10.106 personas por medio de sus 86 programas. Se destaca la labor que realiza el voluntariado de dicha institución, quienes semanalmente entregan apoyo, cariño, abrigo y alimentación a las personas que viven en calle, teniendo presente que es el rostro viviente del Cristo que sufre.
La principal entidad internacional también ha establecido la pobreza, observándose en su definición las carencias que afectan a vastos sectores de la humanidad: “La condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información”.
Sin duda, desde el retorno a la democracia a la fecha hemos avanzado en algunos de estos temas, pero falta aún camino por recorrer y, en este trayecto, ningún derecho social debería quedar a trasmano. Muy por el contrario, debe ser aquello que nos defina, un buen indicador de que tomamos la ruta correcta.
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