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La nacionalización del cobre y el día la dignidad nacional

Fecha: 19 julio, 2021

Jose Antonio Gonzalez

La nacionalización del cobre y el día la dignidad nacional

Dr. José Antonio González Pizarro
Académico Escuela de Derecho-Antofagasta
Universidad Católica del Norte

La recuperación del recurso minero del cobre, por parte del Estado, constituyó una demanda creciente en la opinión pública desde fines de los años 30. Las inversiones norteamericanas en la industria provocaron tempranamente una crítica por tres razones: una, por las condiciones laborales que se aplicaron en los inicios, por ejemplo, de Chuquicamata; dos, por constituir una concentración de capitales de una sola nacionalidad en todos los yacimientos cupreros, como fueron El Teniente, explotado desde 1904 por la Braden Copper, con su conocido campamento de Sewell; Chuquicamata, por la Chile Exploration Company, a partir de 1912 y Potrerillos en 1916 por la Andes Copper Mining, que, a partir de su agotamiento, nuevas exploraciones apuntaron a descubrir un nuevo yacimiento, El Salvador, cuya explotación comenzaría a fines de la década de 1950.

Y, un tercer elemento, por constituir el principal pilar de la economía nacional y haberse convertido los lugares de explotación en enclaves, donde el Estado no podía intervenir, dada la protección brindada por el país de origen de estos capitales, una potencia mundial, renuente a que se aplicaran mayores impuestos a su explotación.

La literatura sobre la industria del cobre, muy desconocida ante el amplio conocimiento que sí tuvo la literatura salitrera, principalmente de los autores vinculados a la generación de 1938 (Volodia Teitelboim, Luis González Zenteno, Andrés Sabella, por citar los principales), mostró tempranamente con Laura Jorquera y su libro Tierras Rojas. Recuerdos del mineral de Chuquicamata, de 1917, la situación del trabajo en los inicios del principal mineral, friso que fue ampliado y de modo más crítico, por los volúmenes redactados por Eulogio Gutiérrez y Marcial Figueroa, en la década de 1920.

Dos títulos fijaron en la opinión pública y en los ambientes políticos, la situación denunciada en los dos niveles que hemos bocetado: Marcial Figueroa, Chuquicamata. La tumba del chileno, cuya edición fue realizada por la Imprenta Castellana de Antofagasta, 1928, y Ricardo Latcham, Chuquicamata, Estado Yanquee, de 1926.

Todo esto, a nuestro entender, incidió en hacer tomar conciencia del control por parte del Estado del esencial recurso minero- el sueldo de Chile, a decir del preclaro hombre calameño, Radomiro Tomic Romero- por el espectro político nacional, desde el nacionalsocialismo, los socialistas, un sector de la Falange Nacional hasta los comunistas, y llevar a cabo, iniciativas graduales para aumentar los tributos a favor del erario fiscal.

El contexto internacional planteaba ciertas restricciones, como ser el gran empréstito norteamericano para poder implementar y financiar la CORFO, pero, también, la injerencia en el precio del cobre durante la guerra de Corea, 1950-1953, en contra de los intereses nacionales, al fijar un precio de 24,5 centavos de dólar por libra, cuando la cotización internacional era de 35,5 centavos. Aquello provocó reacciones contradictorias, que apuntaban a un deterioro de la recaudación de impuestos que permitiera al Estado llevar a cabo acciones de inversiones en otros ámbitos productivos o en mejorar las condiciones de vida, mientras se aplicaba en los yacimientos la clásica segregación espacial/social entre el campamento americano y los campamentos nacionales de empleados y obreros (replicando lo observado en las oficinas salitreras de los modelos Shanks y Guggenheim). En este marco, se verificaron el Convenio de Washington, al inicio de la década de 1950, que no satisfizo las expectativas, hasta llegar al Nuevo Trato del Cobre de 1955, gestiones donde le cupo un rol relevante al senador Radomiro Tomic Romero, que posibilitó que el banco central gestionara la comercialización del cobre y los impuestos favorecieran a las comunas de Antofagasta, cuyos presupuestos se vieron incrementados.

Cabe indicar que, desde la CEPAL, establecida en 1948, bajo la orientación de Raúl Prebisch se propendió a una mayor intervención del Estado en la política económica para acelerar los procesos de industrialización y modernización, bajo la premisa de la denominada teoría de la dependencia, que realzaba el factor de la dependencia, entre otras cosas, por el control de las inversiones extranjeras en las materias primas del continente.

Con el triunfo de la Democracia Cristiana con Eduardo Frei Montalva, en 1964, se planteó la primera fase de la recuperación del cobre por el Estado. Mediante la ley 16.425, de 25 de enero de 1966, donde comenzó el proceso de adquirir las pertenencias cupreras en manos del capital norteamericano, estableciéndose la Corporación del Cobre, en 1967. La denominada nacionalización pactada, significó para el año 1969 el control del 51% del capital invertido por parte del Estado.

Finalmente, bajo el gobierno de la Unidad Popular encabezado por el Presidente Salvador Allende G., se promulgó la ley 17.450 de reforma constitucional el 16 de julio de 1971, que se tradujo simultáneamente la creación de la nacionalización del cobre de todos los yacimientos de tal riqueza en el país, y el control por parte del Estado mediante la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Constituyó un día especial para todo Chile, y el inicio de la demostración que los ingenieros, técnicos, empleados y obreros chilenos eran capaces de administrar y aumentar la producción en todos los yacimientos distribuidos desde el norte al sur del país: Chuquicamata, El Salvador, Andina, El Teniente, Exótica.

El 15 de julio del año 2014, se ingresó una moción parlamentaria, para declarar el día 11 de julio “Día de la Dignidad Nacional de Chile”, que, al igual de lo ocurrido en julio de 1971, donde todos los partidos políticos aprobaron la nacionalización del cobre (no vamos a entrar a distinguir quienes por convicción profunda  respecto a los que no estaban convencidos de la idea, pero igual contribuyeron con sus votos, a dejar sentado que por unanimidad era la resolución del Congreso), esta moción contó con el apoyo de los principales partidos políticos representados en la Cámara Alta. Así, por ley 20.929, de 1 de julio del año 2016, se estableció:

“Declárase el 11 de julio de cada año como “Día de la Dignidad Nacional”, en conmemoración de la fecha en que se aprobó la ley N° 17.450, que permitió la nacionalización de la Gran Minería del Cobre”.

Fecha fundamental que ha permitido al país solventar con las ventas del cobre, los momentos más difíciles de nuestra historia social y económica, como los tiempos que vivimos.

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