Actividad analizó normativa legal sobre inclusión social de personas con discapacidad en el ámbito de la educación y sociedad.
Con una temática orientada a generar conciencia sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, tuvo lugar en forma virtual el Segundo Coloquio de Educación de la Universidad Católica del Norte (UCN).
La iniciativa, organizada por la Escuela de Educación de esa casa de estudios superiores, incluyó la traducción simultánea a lenguaje de señas, gracias al aporte de Cristian León.
La actividad convocó a académicos, académicas, estudiantes y público en general, quienes escucharon la exposición del abogado Pablo Díaz Mery de la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta (CAJTA), servicio público autónomo que garantiza a las personas en condiciones de vulnerabilidad la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
“Intentamos siempre entregar una charla y traer un especialista con temas relativos a la educación, sistema escolar o formación inicial docente”, señaló Javier Mercado, secretario de Investigación de la Escuela de Educación UCN y coordinador de la actividad.
Agregó que la temática es atingente al ámbito de la inclusión en la educación, “por eso se entregó una mirada de los aspectos legales de la inclusión y cómo impacta en las temáticas de educación”, expresó el académico.
COLOQUIO
La Ley 20.422 fue el eje de la charla online, destacando la definición de qué se entiende por personas con discapacidad. Al respecto el abogado Díaz Mery resaltó que lo importante en la redacción de la norma es el concepto de “persona” y que por ello es necesario superar todas las barreras que se presentan.
La normativa vigente define discapacidad y la circunscribe a tres dimensiones: física, mental que puede ser psíquica o intelectual y sensorial. Sin embargo, expresa el profesional que existen algunas complejidades como por ejemplo lo que ocurre con el aumento en los niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA).
“Existe un aumento de niños TEA, pero si se solicita ser categorizado como discapacidad, los van a categorizar en una de las tres áreas existentes, podríamos decir que el TEA es una discapacidad social, por lo mismo se presentó un proyecto de ley para ampliar la norma”, argumenta el abogado.
Otro aspecto destacado por el profesional del SENADIS, es que la discapacidad no es sólo la deficiencia, sino, que existen barreras de actitud y de entorno, que generan aún un mayor perjuicio a las personas que deben afrontar dichas condiciones en la vida diaria.
Por lo mismo, es que la normativa legal apunta a asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Al respecto, señala tomando como ejemplo la inclusión escolar, “no sólo se trata que accedan, sino que se puedan mantener en el proceso educativo. Asimismo, los instrumentos de enseñanza y evaluativos deben contemplar las adecuaciones necesarias”.
Indicó además que la Lengua de Señas, ha sido reconocida como medio de comunicación natural de la comunidad sorda o hipoacúsica. Explicó, además, que quien entrega el certificado de discapacidad es el Registro Civil, quien recibe la información fidedigna de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependiente del Ministerio de Salud (MINSAL). Finalmente, expresó que si bien se calcula que en la región existen aproximadamente unas 30 mil personas con algún grado de discapacidad, quienes la tienen registrada y certificada llegan a alrededor de una 10 mil.
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