Patricia Pérez Goldberg dijo en Coquimbo que, como país, “tenemos que avanzar a que una mayor proporción de penas sea cumplida en libertad”.
Imagen: La Ministra de Justicia Patricia Pérez Goldberg junto a la Vicedecana y Directora de la Escuela de Derecho-Coquimbo, Carolina Salas Salazar.
La necesidad de perfeccionar nuestro sistema procesal penal, de avanzar como país a que una mayor proporción de penas sea cumplida en libertad, y de seguir fortaleciendo la unidad de derechos humanos de Gendarmería, fueron algunas de las reflexiones de la ministra de Justicia, Patricia Pérez Goldberg, durante la clase magistral ofrecida en la Universidad Católica del Norte.
La presentación tuvo como marco el inicio de actividades académicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esa casa de estudios, ceremonia efectuada en la Sede Coquimbo (10/5) y que contó además con la participación de autoridades regionales y universitarias, entre ellas el Seremi de Justicia Gregorio Rodríguez, el Defensor Regional Alejandro Viada, el Decano Cristian Aedo y el Vicerrector de Sede Jaime Meruane.
Dando inicio al acto, la Directora de la Escuela de Derecho y Vicedecana, Carolina Salas, entregó un mensaje a los asistentes, resaltando las dos décadas de trayectoria que cumple este año esa unidad académica creada el 4 de enero de 1993. Asimismo, recordó a los futuros abogados los valores de libertad, verdad, justicia, bien común y sustentabilidad que guían el quehacer docente y de investigación “basadas en el pluralismo, la tolerancia y la vocación ciudadana y democrática, así como una férrea formación ética, que los preparará para enfrentar exitosamente los requerimientos cada vez más exigentes de la sociedad actual, compleja y global”.
Vinculación con temas ambientales, mineros y de aguas
El Decano de Ciencias Jurídicas, Cristian Aedo, valoró por su parte la creación de la Facultad, que ha permitido aunar los esfuerzos de las escuelas de Derecho de Coquimbo y Antofagasta y optar a nuevas oportunidades de desarrollo. En este contexto, resaltó el trabajo conjunto en iniciativas como el Magíster en Derecho, que ya cuenta con dos versiones en ambas regiones, 60 alumnos y una planta de 35 profesores. La investigación, con ocho proyectos actualmente en ejecución, fue otros de los aspectos relevados por Aedo, quien adelantó la intención de implementar un nuevo examen de grado y revisar la malla curricular, que ya cuenta con siete años de aplicación. La necesidad de generar una red de egresados y de contar con una política institucional que permita vincular el quehacer de la Facultad de Ciencias Jurídicas con los ámbitos ambientales, mineros y de aguas, fueron otros desafíos planteados por el Decano.
Durante la ceremonia, los concurrentes disfrutaron además de las interpretaciones en violín ofrecidas por el estudiante de segundo año de la carrera de Derecho, Ariel Malla.
Nuevo Código Penal
Dando especial realce a la actividad, la Ministra de Justicia, Patricia Pérez, se refirió a “Los desafíos de la nueva justicia moderna”, señalando como uno de los lineamientos fundamentales de esa cartera la toma de decisiones de políticas públicas basadas en la evidencia de lo que realmente funciona y considerando el aporte de la sociedad civil y de la comunidad académica. “Las políticas no pueden ser planteadas entre cuatro paredes, desde el ejecutivo, sino que tienen que necesariamente ser testeadas y probadas con el mundo académico y también con la sociedad civil”, subrayó.
Un tercer elemento enunciado por la Ministra fue la evaluación de las políticas que se implementan, para introducir los ajustes que sean necesarios.
Estos tres ejes, acotó, se reflejan en cuatro grandes proyectos o innovaciones que está impulsando el Ministerio de Justicia, entre los que se cuenta un nuevo Código Penal para nuestro país, considerando, dijo, que el actual, aún siendo buen código, de tradición liberal, tiene 139 años y ha sido sistemáticamente modificado, por lo tanto ya ha perdido coherencia interna.
Pero además, agregó Patricia Pérez, “es necesario perfeccionar nuestro sistema procesal penal. Hemos preparado un proyecto de perfeccionamiento de la reforma, que está a su vez basado en la necesidad de mejorar la coordinación de distintas entidades, la capacitación y también vacíos y corregir la normativa del código.
Y la razón fundamental de esta innovación, precisó, es que “como país, como sociedad necesitamos pasar de un foco puesto en los casos policialmente resueltos a un foco puesto en los casos judicialmente resueltos”, aludiendo a que los esfuerzos de las policías no pueden estar enfocados únicamente a un número de detenidos. “Si no logramos tener investigaciones de calidad, que se traduzcan en antecedentes que los magistrados puedan valorar y en base a los cuales puedan emitir sus resoluciones, no estamos obteniendo nada concreto, necesitamos investigaciones de calidad”, reiteró.
Una realidad incómoda
Sumado a lo anterior, agregó la Secretaria de Estado, un tercer proyecto apunta a la necesidad de reflexionar sobre la manera en que se están cumpliendo las penas, refiriéndose a que “como país, tenemos que avanzar a que una mayor proporción de penas sea cumplida en libertad”. Ello, asociado a su vez a programas de rehabilitación específicos para las distintas necesidades.
Por otra parte, apuntó, también es importante la manera en que se cumplen las penas en las cárceles. Al respecto, Patricia Pérez advirtió el gran desconocimiento que rodea a la situación penitenciaria, a la que calificó como “una realidad incómoda, no solamente para nuestro país sino en general en el contexto de la región y de Latinoamérica”, de allí la importancia de visibilizarla. En ese sentido, resaltó las once medidas adoptadas en 2010 para mejorar las condiciones de habitabilidad en las cárceles, con una inversión de más de 30 mil millones de pesos. Más allá de los recursos, dijo, supuso un punto de inflexión relacionado con “el hecho que las personas que están privadas de libertad no están privadas de dignidad. Y eso significa una manera distinta de analizar y enfrentarse a la situación de los privados de libertad. No significa que las penas no se deban cumplir, sino que se deben cumplir en condiciones humanitarias que permitan la reinserción de las personas que están justamente condenadas”.
Por último, la Ministra de Justicia mencionó como otra tarea de su cartera, asociada a la reforma de institucionalidad en materia penal, la necesidad de un nuevo servicio de responsabilidad penal adolescente, área que actualmente atiende el SENAME, junto a los ámbitos de adopción y protección.
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