Curso realizado en Coquimbo contó con la participación de alumnos de las regiones tercera y cuarta.
Este mediodía (23) finalizó el curso de invierno “Nuevas tendencias en Derecho e Institucionalidad ambiental”, impartido entre julio y agosto por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte.
En las clases participaron 18 profesionales de las regiones de Atacama y Coquimbo, principalmente abogados, pero también pertenecientes al ámbito de la ingeniería civil, comercial y ambiental.
El programa, explicó el académico de la UCN y coordinador del curso, Cristian Delpiano, estuvo fundamentalmente dedicado actualizar los conocimientos en torno a la nueva institucionalidad ambiental, vale decir, aquella asociada a la ley 20417, que creó en enero de 2010 el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
Respecto a dicha normativa, Delpiano resaltó la necesidad de explicar la nueva lógica que conlleva, considerando que, por su carácter reciente, no es parte de la formación profesional. Es muy necesario, agregó, enfocar en este aspecto los temas institucionales, los problemas ambientales y la judicialización de los conflictos en materia ambiental, que a su vez es un fenómeno nuevo.
A casi cinco años de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad, Delpiano comentó que la iniciativa ha tenido relativo éxito, en particular porque se ha logrado separar las funciones que tenia la antigua CONAMA, que ahora son ejercidas por el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. “Se diferencia claramente la administración de los instrumentos de gestión en materia ambiental, del proceso de fiscalización, ese es un aspecto muy relevante”, subrayó. Y además, los tribunales ambientales tienen ahora el sentido de contrapesar la acción de la Superintendencia del Medio Ambiente.
En este mismo contexto, el académico valoró como uno de los objetivos alcanzados “lograr de mejor manera prevenir los daños ambientales a través de las funciones del Servicio de Evaluación Ambiental”, mejorar la fiscalización de los actos de los privados conforme a las resoluciones de calificación ambiental, y también, añadió, se logra un mayor acceso a la justicia ambiental por medio de los tribunales ambientales. Al respecto, recordó que anteriormente en este ámbito se acudía a los recursos de protección, “que no están orientados a los aspectos técnicos de un problema ambiental y eso es muy complejo”.
Opiniones
Entre los 18 alumnos del curso se contó el fiscal adjunto en la provincia de Huasco, Jorge Hernández, que valoró haber podido “conocer y comprender la norma y estar al tanto de la contingencia ambiental del país”. Estas regiones, añadió, “tienen bastantes recursos naturales que están siendo explotados y hay que estar atentos a que se respeten las normativas medioambientales y es muy importante manejarnos, sobre todo como operadores en el sistema de justicia”.
“Absolutamente positivo” fueron las clases para la abogada y académica de la UCN, Paola Botto, especialista en derecho minero. La capacitación, comentó, le permitirá prestar una mejor asesoría a sus clientes y también complementar los contenidos de docencia. Asimismo, la profesional destacó que el curso haya abordado situaciones contingentes como los casos de Pascua Lama e Hidroaysén.
Por su parte, Sandra Jofré, asesora ambiental e hídrica de una empresa minera de la zona, resaltó la utilidad del programa, que le aportó una interpretación de la normativa a nivel nacional. De formación inicial ingeniero en acuicultura y luego postgraduada en gestión ambiental por la UCN, la profesional señaló que actualmente cualquier proyecto productivo otorga importancia al tema del medio ambiente.
Aporte de la universidad
En la misma línea del actual curso, la Facultad de Ciencias Jurídicas, y específicamente el CEDRENA (Centro de Estudios en Derecho en Recursos Naturales) proyecta impartir un diplomado en medio ambiente y normativa de recursos naturales, adelantó Cristian Delpiano. Asimismo, se evalúa la apertura de una mención en medio ambiente y recursos naturales destinada al Magister en Derecho dictado actualmente.
Junto con aportar conocimiento por medio de la investigación, el académico opinó que las universidades también pueden contribuir a un mejor funcionamiento de la institucionalidad ambiental mediante la figura de amicus curiae o amigos de la corte, que alude a que centros de investigación y entidades técnicas más capacitadas puedan dar una opinión respecto de un caso ambiental específico. “Esperamos en el futuro participar más activamente en estas comunicaciones de amigos de la corte, como CEDRENA o como universidad, uniendo capacidades entre diversos centros y facultades”, concluyó.
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