Dr. José Antonio González Pizarro, Académico UCN y Consejero Constitucional.
“(En el proceso anterior) algunas iniciativas que habían reunido más de 60 mil firmas fueron desechadas rápidamente y, otras, con menos firmas, pero concordantes con el horizonte de expectativas que encabezaban, fueron acogidas. Esto se puede volver a repetir”.
Usted lector ya lo advirtió. Mis excusas por ello. Me refiero que las dos anteriores colaboraciones las intitulé “Reflexiones sobre la Convención”. No es un déjá vu, pues no estuve en ella. Pero si, rescatar de la anterior Convención, que organizó una Comisión dedicada a la Participación Popular. No obstante, el sesgo ideológico descartó varias iniciativas que iban a contrapelo con lo que pensaba la mayoría de sus integrantes. Así, algunas iniciativas que habían reunido más de 60 mil firmas fueron desechadas rápidamente y, otras, con menos firmas, pero concordantes con el horizonte de expectativas que encabezaban, fueron acogidas. Esto se puede volver a repetir, desde la otra vereda, donde iniciativas- como lo han deslizado- planteadas en la Convención van a ser presentadas, ahora, con la amplia mayoría del actual Consejo. La ciudadanía juzgará tales procedimientos.
Un punto que se ha conversado en pasillos es que en la Convención se tuvo amplia participación. Los expertos de las universidades de Chile y Pontificia Católica de Chile, encargados de este ámbito, señalaron en un pleno del Consejo una participación cercana a un 1 millón de personas. Empero, la Convención tuvo dificultades con la información de ella y difundir sus avances y contratiempos. Hoy, nos enfrentamos a todo lo contrario: mucha difusión en los medios de comunicaciones y un interrogante respecto a la participación popular, cuyas mociones terminaron este miércoles.
Según los registros del viernes 23 había 1.292 iniciativas populares que deben acopiar 10.000 firmas cada una en cuatro regiones.
En la exposición aludida se nos hizo presente a los 50 consejeros del desafío que enfrentamos de cara a la participación popular. No solo desinterés de la población, y planteamientos en el día de la votación no auspiciosos, según diversas encuestas. De ahí, creo, la necesidad de obrar en concordancia con lo que uno planteó en su campaña a la ciudadanía como también exponer las ideas claves de las Comisiones, respecto de los nudos gordianos que existen, sus miradas y eventuales soluciones.
En lo personal, he estado presto a buscar opiniones especializadas en determinados puntos donde aspectos técnicos puedan mejorar a los organismos que, sin ser poderes públicos, están consignados en la Constitución desde la Carta de 1925. He dado nombres de personas- investigadores universitarios de Antofagasta- para que puedan ser invitados como especialistas ante distintas Comisiones y dar no solo su palabra docta sino la perspectiva regional. Y este aspecto ha sido crucial. La Comisión de Expertos estuvo compuesta en su mayoría por personas de Santiago, desde ex ministros y funcionarios del Estado hasta académicos. Y por consiguiente el abordaje de algunos temas y la redacción de algunos capítulos del Anteproyecto, ha dejado de lado la complejidad de estos al ser visualizados desde el centralismo.
Me tocó intervenir ante la Comisión de Expertos que trabajó sobre el ámbito Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, sobre el consejo consultivo que debe tener el Ministerio Público (Artículo 180), donde se menciona al ministro de seguridad pública, al general director de Carabineros de Chile, al director general de la Policía de Investigaciones, al director nacional de Gendarmería, dos académicos universitarios y dos ex fiscales regionales sorteados. En las explicaciones dadas, de procurar contar con todos los elementos técnicos para la lucha contra el narcotráfico, se tuvo presente el territorio continental. Les hice presente que, en el norte, las vías marítimas estaban siendo las prioritarias y era necesario contar con la policía marítima.
Hace unos años, en un seminario cerrado, con asistencia de los embajadores chilenos acreditados en países vecinos, me hicieron notar que las inteligencias navales de Perú y Chile colaboraban entre sí, además de los entendimientos cuando se transgredían la frontera marítima más allá de lo tolerable (que en esa época era de 5 millas para navíos pesqueros) y, por ende, en un desafío global del narcotráfico, había que contar con la asistencia de la Armada Nacional.
Me reconocieron que fue una omisión no incorporar a Directemar, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile, dependiente de la Armada de Chile. Los consejeros nortinos, indistintos de sus afiliaciones, apoyaron tal intervención. Se vio la necesidad- que se está deliberando- de mejorar ostensiblemente la Inteligencia del país ante este flagelo que carcome también las instituciones democráticas, vía la corrupción, etc.
Hemos procurado, a través de estas columnas, informar a los habitantes de la región, como también estar presto a encuentros telemáticos, como los que sostuvimos el día 14 con la Cámara Chilena de la Construcción, o la petición de mi ex alumna Pía Labarca, docente del Colegio misionero José Lancaster, de avenida Padre Hurtado, que me pidió un video para sus alumnos de 12-13 años, el día 12. No es nada, frente a lo que deberíamos estar comunicando.
La Universidad Católica del Norte y la Pontificia Universidad Católica de Chile, organizan para este martes 27, a las 15 horas, en la Sala K 121, una conferencia y conversatorio, donde participaremos. Sería importante difundir esta posibilidad de participación.
Aguardamos que este clima cordial y distendido que se aprecia en el Consejo Constitucional, en buscar las soluciones que aguarda nuestro pueblo, pueda convencer gradualmente a aquellos que están perplejos, indiferentes o, derechamente, en contra de este proceso.
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