Dr. Jimena Silva Segovia, Escuela de Psicología UCN
Doctora Antropología del Género
Magíster en Género y Cultura
En los últimos 12 meses de pandemia, se estima que 243 millones de mujeres han experimentado violencia de sus parejas. En este contexto, los casos se han expandido en todo el mundo y en el caso de Chile, también: hasta octubre se registraron 31 femicidios consumados y 117 frustrados.
El escenario actual fuerza a la mujer a compartir las 24 horas del día y por tiempo indefinido con su principal agresor, enfrentando, así, una doble pandemia que amenaza su sobrevivencia. Como consecuencia, la mujer, confinada en el espacio de lo privado, ha debido asumir las dimensiones del trabajo, crianza y pareja en un contexto que no ha superado los mandatos del patriarcado ni la estructura de orden social capitalista moderno en la que se sustenta.
Este es el terreno en que se cocinan las violencias, el lugar donde la mujer debe poner el cuerpo. En su reingreso casa-adentro, corre el riesgo de perder su lugar de reconocimiento y prestigio como trabajadora con salario, dejando de ser percibida como una igual. En este espacio, se diluye su cuota de libertad y se materializa la falta de autonomía, disminuyendo su capacidad de activar redes de protección, quedando expuesta a distintas formas de violencia, ésas que destruyen la seguridad intrapsíquica y paralizan.
Por todo esto, ningún sector social es capaz de abordar por sí solo esta otra pandemia. Al contrario, debiese ser intervenido intersectorial e interdisciplinariamente, garantizando la transversalidad en su atención. Para esto, será necesario que la base metodológica que guíe la intervención supere algunas debilidades presentes en las alternativas ofrecidas en la actualidad. En primer lugar, se debe superar la perspectiva de conciliación tal y como se ofrece en las instituciones responsables, aceptando y poniendo en cuestión la lógica sistémica donde se cierne la violencia. Tampoco es aconsejable concentrarse en la penalización, pues esta alternativa impide que el grupo familiar pueda comprender el entramado de sentidos que configuran su vinculación violenta. Por ello, el modelo de intervención tendría que favorecer la comunicación por parte de quienes experimentan violencia, transmitiendo una actitud que ofrezca un viraje profundo sobre el modo de asumirla y afrontarla; es decir, cntrario a la actitud habitual de rechazo inmediato del fenómeno y de concebirlo como algo ajeno al ser humano. Cuando se reconoce a cada uno en su subjetividad, se puede focalizar en el conflicto más que en los estados emocionales de sus miembros, viéndose la familia con mayores y mejores recursos para afrontarlo.
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