Coloquios fueron organizados en Coquimbo por la Facultad de Ciencias Jurídicas
Profesores y alumnos de Derecho Internacional de 9 universidades nacionales y 2 peruanas se dieron cita en Coquimbo (4-5/9), para participar en los IV Coloquios de esa especialidad, convocados por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte.
El encuentro dio continuidad a una tradición iniciada en 2010 por la Universidad Alberto Hurtado, y que a partir de entonces alterna sus sedes entre Santiago y regiones, logrando a través de esta convocatoria amplia crear para el Derecho Internacional un espacio que no tenía por sí solo, según manifestó una de las abogadas participantes, Ximena Gauché, académica de la Universidad de Concepción y directora del Programa Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (PIIA) de la misma institución.
La jurista presentó uno de los 24 trabajos que llegaron en respuesta a la convocatoria efectuada por la UCN, dejando muy conformes a sus organizadores, los profesores Elvia Badilla y Cristian Delpiano. Las presentaciones correspondieron a académicos de las universidades de Chile, del Desarrollo, Católica de Chile, Católica de Valparaíso, Alberto Hurtado, de Concepción, San Sebastián, Bernardo O´Higgins y Católica del Norte. A ellas se sumaron dos juristas peruanos, pertenecientes a la P. Universidad Católica del Perú y a la U. Inca Garcilaso De La Vega. Estos últimos formaron parte de la mesa redonda dedicada al análisis de la sentencia de 27 de enero de 2014 dictada por la Corte Internacional de Justicia en el caso “Controversia marítima Perú vs. Chile”.
En la oportunidad, José Antonio Saavedra (U.Inca G.), director del Instituto Peruano de Derecho Comparado basó su ponencia en la perspectiva de que la citada sentencia representa finalmente “un tema de interpretación”, poniendo a partir de allí el énfasis en “cómo es que la interpretación se vuelve un elemento central en todo acto de justicia”. Para mí, agregó, “la interpretación es elemento fundamental al tratar este problema y la necesidad de buscar mecanismos políticos y diplomáticos, para llegar a soluciones que permitan estabilidad en todos los sectores en los pueblos que tienen, por razones geográficas históricas, un futuro conjunto”.
En opinión de su colega Gattas Abugattas (PUC), el fallo de La Haya solucionó la controversia, “que es lo que busca la Corte siempre, con el ánimo de garantizar la paz internacional, pero en efecto deja para algún sector de un país o de otro un sinsabor producto del empleo de elemento que uno pensaría que no se iba a emplear”, aludiendo a la utilización de los acuerdos tácitos. “Nunca antes la Corte había utilizado los acuerdos tácitos, los había solo mencionado, y nunca los ha definido, por cierto”, comentó.
Creciente recelo
Desde la óptica nacional, el académico Sebastián López, de la U. Católica de Chile, hizo notar la existencia de un creciente recelo hacia la labor de La Haya, sensación que, dijo, se relaciona particularmente con situaciones de disputas fronterizas donde un Estado que no está conforme a un determinado statu quo puede entender que la señal que está enviando la Corte sería que la solicitud y posterior demanda de modificación de la frontera podría tener como resultado altas probabilidades de éxito. Y eso, advirtió, “obviamente afecta la seguridad jurídica que está en la base de los arreglos fronterizos, pero además produce la posibilidad de nuevos conflictos entre los mismos Estados litigantes proveniente de la sentencia y también eventuales conflictos con Estados limítrofes, que de repente puedan considerar que es una buena oportunidad para solicitar esta revisión judicial de la realidad fronteriza”.
En lo que todos los participantes coincidieron fue en calificar como “excelente” la organización de los coloquios por parte de los anfitriones de la UCN, donde además se sintieron muy bien acogidos.
Protección de la infancia
Que el derecho internacional afecta el sistema jurídico nacional quedó más que demostrado a través de las diversas ponencias de los coloquios. Y es natural que así sea, considerando que el Estado ha ido cediendo espacio de soberanía a la norma internacional, por ejemplo a través de la ratificación de los principales tratados de derechos humanos.
Pero además, acota Elvira Badilla, “podemos ver materializada la importancia del derecho internacional en nuestra vida cotidiana, en los productos de importación que llegan a nuestro país, en la posibilidad que tienen los productores locales de vender sus productos en mercados externos (Asia, América, Europa) y todo mediante el uso de los medios que el derecho internacional otorga: tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales, etc.”.
En un ámbito muy distinto, Ximena Gauché lamentó que, si bien desde un punto de vista formal nuestro país está alineado con el reconocimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, “existen muchas parcelas de lo que tendría que ser un sistema centrado en la promoción integral y universal de los niños”. En Chile, agregó, hay deficiencias notables, poniendo como ejemplo la falta de una ley de protección integral, es decir “una ley que, más que establecer un catálogo de derechos, porque esos vienen por la convención, establezca un sistema de garantías”, tema en el que se está trabajando desde marzo de este año.
La abogada subrayó además la necesidad de un cambio importante en la institucionalidad que rige al SENAME, incluyendo la figura del defensor del niño, “idea que por cierto en Chile es discutida” reconoció, ya que un sector importante considera que “no sería necesario en la medida que tuviéramos un defensor del pueblo”.
En ese contexto general, “hay situaciones de niños que están en una especial vulnerabilidad y parece que la legislación y la política pública no se han hecho cargo de manera adecuada”, prosiguió Ximena Gauché, refiriéndose a los niños en extrema pobreza, en cuyo caso se produce una vulneración de muchos derechos, niños de pueblos originarios y en los niños que viven desde la diversidad sexual, que se reconocen como lesbianas o gays desde pequeños o que viven una disociación entre el sexo que se les asignó al nacer y el género, que podríamos entender como niños o adolescentes trans.
Reconociendo una actual deficiencia en el marco regulatorio específico, la académica destacó el proyecto de identidad de género que debería votarse en octubre de este año en la Cámara de Diputados, “que aspira a regular la situación de los niños trans y en esa medida, tal vez más que la legislación específica, sería bueno avanzar también en programas en planes en política en educación, en formación de la ciudadanía y de los tomadores de decisión de manera que, enfrentados a niños en esta situación, tengan las herramientas metodológicas que les permitan tratarlos desde un enfoque de derechos y por tanto disminuir la situación de vulnerabilidad en la que están”.
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