Luis Moncayo M.
Director Instituto de Políticas Públicas – Coquimbo
Estamos asistiendo desde octubre de 2019, y también a consecuencia de los efectos económicos y sociales de la pandemia en la población, y en los más pobres, a la búsqueda de caminos para superar los nuevos problemas públicos emergentes estructurales que los cambiantes escenarios de los últimos 5 años han evidenciado.
Dicha búsqueda ha tensionado nuestras políticas públicas, ha socavado los paradigmas a los que estábamos acostumbrados y ha exigido consecuentemente el diseño de cursos de acción, proyectos de ley y nuevas políticas públicas, que en otros escenarios de relativa normalidad no habíamos imaginado.
En este contexto, el retiro de sucesivos 10% de los fondos de los ahorrantes que administran las AFP, la apertura a imaginar y diseñar nuevas políticas públicas de carácter universal, dejando atrás la excesiva focalización que estas tienen en Chile, y la apertura transversal para abordar una reforma tributaria que genere un sistema impositivo más justo y eficiente, junto con modificaciones cortas a este sistema con el fin de aumentar la recaudación fiscal para financiar las nuevas políticas, son expresión de dicha búsqueda.
Las tres iniciativas en curso ya mencionadas tienen una directa relación con la gobernabilidad y gobernanza de nuestro país, en tanto la primera se entiende como un estado de equilibrio en el ejercicio del poder político derivado de una efectiva satisfacción de las demandas sociales y de la capacidad de los gobiernos de atenderlas en forma eficaz, estable y legítima; y la segunda, como el proceso de dirección de la sociedad mediante el cual esta y el gobierno definen su sentido de dirección, los valores, y los objetivos de la vida asociada que es importante realizar, definiendo su capacidad de dirección, la manera como se organizan, se dividen el trabajo y distribuyen la autoridad.
Consecuentemente, las 3 iniciativas mencionadas serán contribuyentes a una gobernabilidad y gobernanza del país en la medida en que los actores de la cuádruple hélice participen proactivamente en su diseño; es decir el Estado (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la sociedad civil a través de sus organizaciones, el sector privado y la academia, y exista un reconocimiento a que la época en que solo al Estado le competía resolver los problemas públicos ya quedó atrás, por su incapacidad de abordar la complejidad de los problemas públicos de la sociedad del siglo XXI, para ser sustituida por la Cuádruple Hélice.
En este marco, el diálogo impulsado por el Congreso Nacional, a la cabeza de la presidenta del Senado, con la sociedad civil y el Ejecutivo es esperanzador por su aporte a la gobernabilidad tan necesaria y en la medida que se funde en los criterios de escucha, justicia, conciencia de la crisis económica y social, y urgencia. Del mismo modo, la profundidad de esta crisis deja de manifiesto que iniciativas que en otros contextos eran mayoritariamente tildadas de irresponsables y poco serias, la fuerza de la realidad y la mayoría de la población les dan hoy un valor totalmente diferente y valida su pertinencia.
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