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UCSC y Red G9 analizaron rol de las universidades públicas y propuesta de nueva Constitución

Fecha: 12 agosto, 2022

UCSC y Red G9 analizaron rol de las universidades públicas y propuesta de nueva Constitución

El seminario convocó a un panel de expertos integrado por los académicos Amaya Álvez (UdeC), Alan Bronfman (PUCV) y José Francisco Cisternas (UCSC).

El rol del Estado en la educación superior, la autonomía institucional, el sistema de financiamiento y el rol de las instituciones del G9 en la propuesta de carta magna que será sometida a votación popular en el plebiscito del 4 de septiembre, fueron los temas centrales del seminario “Sistema de Educación Superior en la propuesta de Constitución para Chile”, que se realizó en la Sala de Exposiciones del Centro de Extensión UCSC de Concepción.
La actividad fue organizada por la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, en conjunto con la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) -como parte del ciclo de seminarios virtuales de la red- y fue transmitida vía online por las plataformas digitales de las casas de estudios participantes, además de las señales en televisión abierta de los caneles UCV TV, TVU y TV UCT ARAUCANÍA.

El panel de expertos estuvo conformado por los académicos Amaya Álvez, de la Universidad de Concepción; Alan Bronfman, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; y José Francisco Cisternas, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

El rector de la UCSC, Dr. Cristhian Mellado, en la bienvenida del evento destacó el valor del conversatorio, que formó parte del Ciclo de Seminarios Virtuales G9: “Se ha enfatizado el hecho de que la Constitución establece un sistema de Educación Superior estatal, pero no deja claro cuál es la función de instituciones como las del G9, en que seis de estas universidades son de derecho público y sin fines de lucro. No se garantiza, por ejemplo, el financiamiento, sino que quedan establecidos los fondos basales para el sistema de educación”.

El presidente de la Red G9 y rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra, comentó que esta instancia de diálogo y reflexión es de suma importancia para las comunidades universitarias que conforman la red y para el país, destacando que “como universidades del G9, independiente del resultado del proceso de plebiscito de salida, seguiremos trabajando para el reconocimiento de las Universidades Públicas agrupadas en la Red G9, instituciones que en términos históricos y actuales hemos sido determinantes en la construcción del sistema nacional de educación superior chileno”.

EXPOSICIONES

José Cisternas, académico de Derecho UCSC, apuntó al desarrollo del proyecto de una Constitución sobre la educación, fines y principios, y la forma en que se organizan a través del sistema nacional de educación. “Las preguntas que quedan abiertas son sobre la integración de las diversas miradas, visiones y modelos educativos, en todos los niveles, y en particular la Educación Superior, referente no solamente al tema del financiamiento, sino también en el desarrollo de sus diversos programas educativos que parecieran o dieran a entender que se plantea más una homogenización de los mismos, más que una diversificación”, señaló.

La Dra. Amaya Álvez, profesora de la Universidad de Concepción y quien participó en el proceso constitucional como convencional representante del distrito 20, señaló que “es una propuesta buena y robusta. Hay un llamado a las universidades que somos de regiones, como lo son la UCSC o la UdeC, para sentir que esta propuesta constitucional nos ofrece muchas mayores atribuciones y oportunidades, de cara al voto del próximo 4 de noviembre”.

El Dr. Alan Bronfman, académico de la PUCV, expuso que el rol de las Universidades del G9 debe analizarse a la luz del texto de la propuesta y aseguró que la presencia de las Universidades Públicas no Estatales es “marginal”. “Está la posibilidad de que seamos reconocidas por la ley, y ese reconocimiento nos hace partícipes del sistema nacional de educación, más no del sistema público de educación, que es el que está especialmente protegido por el texto constitucional. En relación con el tema económico, el financiamiento está asegurado para las instituciones estatales, para las instituciones no estatales hay una disposición transitoria”.

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