Francisco Sanz Salguero, académico Derecho UCN
Después de 12 meses de intenso trabajo -y de controversias y desencuentros- por parte de la Convención, la labor de redacción de una nueva carta política concluye. Oficialmente, el texto de esta propuesta fue presentado el 5 de julio, para ser sometido el 4 de septiembre al escrutinio del ciudadano, quien tendrá la opción de aceptar o rechazar esta proposición de carta magna. Este último acto electoral se configura como uno de los hitos de mayor responsabilidad política para el país.
Una revisión al documento nos permite calificarlo como “moderado” en cuanto al sentido de sus contenidos, ya que se rechazaron las propuestas más extremas planteadas dentro del proceso, en especial aquellas potencialmente perturbadoras para la política macroeconómica.
Como una virtud del proceso, este grado de “moderación” fue posible pese a la compleja composición de la Convención Constitucional, caracterizada por la presencia de un grupo de independientes con puntos de vista radicales. Un aspecto que llamó la atención inicialmente, fue lo extenso del primer borrador presentado, compuesto por 499 artículos. No obstante, gracias a la labor de la “Comisión de Armonización” (organismo que entre sus roles tiene la obligación de velar por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno de la Convención), el articulado se redujo en 127, quedando finalmente en 372 artículos.
Apuntando a las temáticas incorporadas al borrador, para destacar tenemos el reconocimiento de un “Estado democrático y social de derechos”, pasando así de un Estado subsidiario a uno más presente, garante de derechos sociales. Asociado a lo anterior, observamos la fuerte presencia de la perspectiva de género, y la idea de plurinacionalidad y reconocimiento de espacios de los pueblos originarios. Simultáneamente, estamos ante una Constitución en la que Chile es declarado como un Estado ecológico, aspecto clave para las generaciones futuras. Entre las materias más polémicas, tenemos la existencia de una justicia indígena (un sector opina que esto implica la presencia de dos justicias paralelas) y la eliminación del actual Senado, que será reemplazado por la Cámara de Regiones (dentro de una suerte “bicameralismo asimétrico”), aunque sin cambiar de régimen presidencial a parlamentario.
Ciertamente, el gran desafío de la nueva Constitución (siempre que esta sea aprobada), será su implementación efectiva: lograr un cambio social a través de proyectos constitucionales es una tarea compleja, pero no imposible. En los próximos meses, veremos quién vencerá en este pulso entre dos miradas en pugna: una crítica a la posibilidad de un nuevo marco constitucional, o la defensora del trabajo final de la Convención.
No hay comentarios