En julio de este año, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto de ley propuesto por la diputada Camila Vallejos, que modifica el Código del Trabajo, con miras a reducir progresivamente la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales.
La reforma aportaría “un evidente aumento de la calidad de vida de la masa de trabajadores del país”, señala la propuesta legal.
Por otra parte, el Gobierno presentó un proyecto de ley que propone una baja gradual de las horas, que comenzaría en 2020 y culminaría en 2027, con 41 horas semanales.
Al igual que otros proyectos de ley asociados a este mismo tema, en esta ocasión las iniciativas han tenido amplia repercusión pública. Sobre las razones de esta discusión comenta Manuel Escobar Sánchez, sociólogo, profesor del Magíster en Políticas Públicas y Gobernanza Territorial impartido por la Universidad Católica del Norte.
“Es casi imposible concebir que algún trabajador pudiera estar en contra de trabajar menos y mantener su salario, y eso es lo que conceptualmente se está proponiendo en ambos proyectos de ley, por lo que obviamente este tema es de mucho interés no sólo para los trabajadores, sino también para los empleadores”, señala.
Pero, advierte, “es respecto de estos últimos (trabajadores y empleadores) donde se encuentra la piedra de tope de ambos proyectos, ya que si bien es innegable el beneficio social que implica una reducción de la jornada de trabajo, ésta podría afectar otro bien muy importante: el crecimiento económico vinculado a la productividad del trabajo”.
Escobar reconoce que existe la creencia de que sería difícil para nuestro país avanzar a recortar horas, “debido a que su productividad no es buena y que primero hay que mejorar esta variable, antes de pensar en reducir la jornada”.
Sin embargo, agrega, los datos recientes de The Conference Board muestran que la productividad laboral en Chile sigue creciendo. De hecho, dice, en el 2018, esta variable se incrementó en un 2,6%, llegando a US$29 por hora, su mayor nivel histórico. “Este aumento fue, además, el más importante desde el 2012, cuando creció 4,6%”, destaca.
Esta alza de la productividad se explicaría por la mejora en los niveles educacionales y por la mayor inversión, donde los avances tecnológicos juegan un rol importante en lograr que el trabajador tenga mejores condiciones para desempeñar su labor.
Sin embargo, subraya, teniendo en cuenta la actual situación económica internacional, que afecta negativamente la proyección del crecimiento de nuestro país, “sería razonable tomar algunos resguardos y no renunciar a la rebaja de la jornada laboral, pero avanzando de manera menos dramática y más progresiva. Esta opción no está en ninguno de los dos proyectos, ya que, si bien el proyecto del ejecutivo plantea gradualidad, ésta se refiere a la capacidad de negociación de la jornada entre trabajadores y empleadores”.
Crecimiento económico y el bienestar social
Por otra parte, señala Manuel Escobar, ambos proyectos muestran un enfoque particular de política pública.
El primero, elaborado por la diputada Vallejos, plantea bajar de 45 a 40 horas semanales de una forma pareja y de una sola vez, no considerando particularidades ni diferencias de productividad de las distintas actividades económicas.
El segundo, propuesto por el ejecutivo, plantea bajar de 45 a 41, teniendo aparejado modificaciones a la jornada laboral, flexibilizándola, pero considerando muy poco la asimetría en la negociación entre trabajadores y empleadores para acordarla.
En el caso del segundo proyecto, continúa, la reducción de la jornada es más bien una externalidad positiva de la flexibilidad laboral que una aspiración legítima del mundo del trabajo, a diferencia del primero, que por su parte parece más una conquista social, sin tener en cuenta las posibles externalidades negativas.
En este sentido, afirma el académico, “ambos proyectos pierden de vista el bien público que es necesario proteger e impulsar, que consiste en hacer compatible el crecimiento económico y el bienestar social para las personas”.
La buena política pública, recuerda, “es aquella que se hace cargo de un objetivo político de bien social, definido en forma democrática, y que se desarrolla liderado por el sector público con la participación de la comunidad y el sector privado. Ambos proyectos carecen de estas características”.
El problema de estos proyectos, declara Escobar, es la forma en que impactan en la cotidianidad de las personas, “ya que un mal proyecto podría terminar afectando negativamente el mismo bien público que desea proveer”.
En este caso, el proyecto de la oposición podría aumentar significativamente el costo del trabajo para algunos sectores de la actividad económica, especialmente para las pymes del sector comercio, lo que podría ocasionar pérdida de algunos empleos.
Por otra parte, el proyecto del Gobierno, al no considerar la asimetría entre trabajadores y empleadores para establecer la jornada, “podría generar desigualdades de ingreso y desprotección social para algunos sectores de la población”.
Aun así, Manuel Escobar valora ambos proyectos, en la medida que “dejan de manifiesto la necesidad de generar un debate público sobre la reducción de la jornada laboral, para ajustarla a niveles de los países de la OCDE”.
Periodista Cecilia Becker
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