Actividad organizada por el IPP y El Mercurio de Antofagasta abordó conceptos como rol de la justicia, autonomía de las regiones y participación ciudadana.
Autonomía de las regiones, rol de la justicia y relación con el medio ambiente fueron los temas principales abordados en el seminario Las Claves de la Nueva Constitución, organizado por el Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Católica del Norte (UCN) en conjunto con El Mercurio de Antofagasta.
En la actividad participaron Carolina Tohá, exministra de la Secretaría General de la Presidencia y exalcaldesa de Santiago; Cristian Rodríguez, director del IPP UCN; y los académicos Kamel Cazor y Francisco Sanz, ambos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCN. Moderó el director de El Mercurio de Antofagasta, Mauricio Barrera.
Al dar inicio a la jornada, el rector de la UCN, Dr. Rodrigo Alda Varas, manifestó que “desde 2019 se inició un proceso que en septiembre debemos plebiscitar. Nosotros como UCN nos debemos a la comunidad para que tome la decisión de la manera más informada y por eso damos espacios a estas instancias e insistimos en el llamado a recuperar la amistad cívica; no debemos ser un país de enemigos irreconciliables”.
ROL DE UNA CONSTITUCIÓN
Respecto a qué es una Constitución, sus características y en qué aspectos debiese velar por la sociedad a la cual rige, Kamel Cazor, académico de la Escuela de Derecho de la UCN en Coquimbo, dio algunos conceptos bases. “Se parte de la base que la Constitución es una norma con la mayor jerarquía del comportamiento jurídico, con dos grandes partes. Por un lado, está la parte orgánica, que es aquella que organiza y establece los límites del poder estatal. Por otra parte, está la versión dogmática, que se genera en torno al reconocimiento y garantías de los derechos fundamentales”.
Pero enfatizó que lo más importante de una carta magna es que debe considerarse como norma jurídica y, como tal, es directamente aplicable a los poderes públicos y particulares.
La propuesta escrita por la convención constitucional consta de 388 artículos permanentes y 57 disposiciones transitorias. Por lo demás, destacó que las características del borrador que propone una nueva Constitución sigue la corriente del denominado “Nuevo constitucionalismo latinoamericano”, el cual tienen Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009).
De ser aprobado e implementado, Carolina Tohá, exministra de la Secretaría General de la Presidencia, dijo que “debe hacerse de manera progresiva y respetando los principios de responsabilidad fiscal. Además, estos objetivos están pensando en 10 años, como el pleno cumplimiento a la vivienda digna, a la salud como corresponde. Esto quedará inscrito en el corazón de nuestro pacto social”.
MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN
Ante el capítulo de Medio Ambiente del borrador, Francisco Sanz, académico de la Escuela de Derecho de la UCN en Antofagasta, explicó que, de ser aprobado el borrador, ve algunas dificultades en su implementación. “Desde 2008 Bolivia maneja algo similar, protege a la naturaleza pero dialoga con las empresas. De aprobarse, tardaríamos unos 12 a 15 años en hacer en efectiva esta realidad ambiental. Es posible, no es fácil, pero tardaría”, dijo.
Sobre la participación ciudadana, el abogado Kamel Cazor dijo que esto entraría en conflicto con escaños reservados y leyes de paridades que se proponen en el mismo texto. “La propia propuesta habla que los derechos fundamentales son indivisibles e interdependientes, es decir que cuando hablamos de derecho político o social, no hay una desconexión, sino que están todos conectados y coherentes con un sistema constitucional. En ese contexto, se reafirma la tradición que es la democracia representativa. Hay elementos sí que agregan un elemento que no estaba, porque señala que debe ser una integración paritaria, plurinacional y se elige a través de la paridad”, indicó.
Asimismo opinó que “creo que uno de los elementos débiles de esta propuesta es que no encarna un sólido consenso constitucional, y los efectos se manifestarían en las diferentes perspectivas, muchas veces interpretativas y de aplicación que puede tener este borrador”.
SISTEMA DE JUSTICIA
Para implementar la justicia con tribunales indígenas propuesta por la convención constitucional a través de su borrador, Francisco Sanz sostiene que en este aspecto ve dificultades, al no existir delimitaciones jurídicas territoriales. “Para que funcione, debe tener una división territorial, se debe formalizar la división de los territorios. Acá veo esa posibilidad compleja, porque veo un gran desafío en establecer esos territorios. En Perú, Colombia o Ecuador se han definido las jurisdicciones, pero aquí para partir de esa posibilidad habría que establecer territorios claros. Lo veo como un gran desafío, para mí es el gran problema de esta ley indígena”, dijo Sanz.
Para Cazor, “ahí se generó un elemento innovador. Eliminar el carácter de poder judicial, proponiendo en cambio un sistema de justicia. Eso debilita un importante poder del Estado en el sistema de racionalización del poder y el contrapeso. Sobre el pluralismo jurídico, donde se crea la justicia indígena, creo que como está consignada, sin fijar la esfera específica de a quién se le va a aplicar la justicia y las materias que debe resolver, se dejó un espacio muy abierto que genera mucha especulaciones y eso debió resolverse en su momento creando una sala especializada de la Corte Suprema, para velar la unidad para los efectos de generar una coherencia”.
AUTONOMÍA REGIONAL
Finalmente, Carolina Tohá, hizo énfasis en una mayor autonomía de las regiones. “Hay un excesivo centralismo en nuestro país, y eso está pesando a las regiones. Hay pocos recursos para la autonomía de la municipalidad. Las decisiones se toman a nivel central y eso tiene efecto a todo nivel, como por ejemplo en la constitución de las elites políticas. Hoy, gran parte de nuestras riquezas se produce en las regiones, pero las empresas se entienden con el gobierno central. Por ende, se debe dar mayor participación a las regiones, más autonomía”.
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